La administración municipal informó que el capital reclamado por AFP Provida, correspondiente a $26.612.197, fue consignado judicialmente en marzo de 2026. Actualmente, la Dirección Jurídica se encuentra ejerciendo las acciones correspondientes para que se determine la procedencia y el cálculo de los demás conceptos asociados a la cobranza.
Ante la información difundida públicamente sobre una eventual deuda previsional superior a los $1.200 millones, la Municipalidad de San Carlos entregó antecedentes sobre el origen del caso y las actuaciones realizadas por la actual administración, precisando la diferencia entre el capital previsional reclamado y los demás conceptos que podrían formar parte de los procedimientos de cobranza.
La situación tiene su origen en una relación laboral reconocida judicialmente, correspondiente a una exfuncionaria que prestó servicios al municipio entre marzo de 2007 y diciembre de 2022, bajo la modalidad de honorarios. La causa laboral T-8-2023 concluyó con una sentencia que quedó firme y ejecutoriada el 12 de junio de 2024. De acuerdo con los antecedentes de la Dirección Jurídica, en esa oportunidad se efectuaron pagos correspondientes solamente a prestaciones laborales, mientras que las cotizaciones previsionales fueron materia de procedimientos de cobranza posteriores.
Posteriormente, AFP Provida presentó una demanda ejecutiva ante el 1.º Juzgado de Letras de San Carlos, dando origen a la causa P-150-2025. En este procedimiento, el 25 de junio de 2024, el tribunal dictó un mandamiento de ejecución y ordenó requerir de pago a la Municipalidad por un capital de $26.612.197, más reajustes, intereses, recargos y costas.
Frente a esta situación, la actual administración municipal realizó el 10 de marzo de 2026 una consignación judicial por los $26.612.197 correspondientes al capital reclamado por AFP Provida, mediante el depósito N.º 5001335919, antecedente respaldado por la certificación del tribunal.
El mandamiento de ejecución y embargo fue notificado personalmente a la Municipalidad el 2 de noviembre de 2026. Posteriormente, el 6 de noviembre, la Dirección Jurídica presentó una excepción de pago total, acompañando los antecedentes que acreditan la consignación realizada meses antes. Esta presentación se encuentra en tramitación y deberá ser resuelta por el tribunal.
Dirección Jurídica: se debe determinar la procedencia de los montos reclamados
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Carlos, María Alejandra Riquelme, da a conocer que la sentencia que reconoció la relación laboral tiene carácter declarativo y que la administración no desconoce las obligaciones que de ella se derivan. Sin embargo, precisó que existe una discusión respecto de los montos y conceptos que deben ser considerados en la cobranza.
“Es importante distinguir las obligaciones que se generan a partir de la sentencia. Estamos frente a una sentencia declarativa que quedó firme y ejecutoriada en junio de 2024, de la cual se desprenden obligaciones para el municipio que no desconocemos. Lo que corresponde discutir es el monto y los conceptos que deben cubrirse. En el caso de AFP Provida, el capital reclamado, correspondiente a $26 millones y fracción, se encuentra íntegramente consignado judicialmente por la Municipalidad desde marzo de 2026”.
Respecto de la cifra superior a los $1.200 millones difundida públicamente, Riquelme señaló que la discusión se concentra en la diferencia entre el capital previsional y los conceptos adicionales que podrían incrementar considerablemente la cobranza.
“Lo que estamos distinguiendo es el capital de los intereses, reajustes y eventuales recargos que pudiesen aplicarse. El capital de $26 millones y fracción debe analizarse separadamente de los conceptos adicionales que se están reclamando. La diferencia, superior a los $1.150 millones, es precisamente el fondo de la discusión. Nuestra administración no desconoce la existencia de obligaciones, pero considera necesario revisar la proporcionalidad, la procedencia y el cálculo de esos montos, resguardando el patrimonio municipal”.
La directora también explicó que parte de la discusión jurídica considera los criterios relacionados con la aplicación de intereses sobre intereses, señalando que la Municipalidad busca que se determine el monto que efectivamente corresponda pagar conforme a derecho.
“Lo que buscamos es que se reconozcan los criterios jurídicos que permitan determinar correctamente los intereses y evitar cobros que no correspondan, particularmente en materia de capitalización de intereses. Existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en una causa relativa a la Municipalidad de Tiltil que constituye un antecedente para esta discusión, aunque corresponde analizar su aplicación en el procedimiento respectivo. No estamos desconociendo las obligaciones; queremos pagar lo justo y lo que legalmente corresponda”.
Alcalde Rubén Méndez: “Tenemos el deber de defender los recursos de todos los sancarlinos y sancarlinas”
Por su parte, el alcalde de San Carlos, Rubén Méndez Venegas, señaló que este caso forma parte de las situaciones provenientes de períodos anteriores que la actual administración debe abordar, asumiendo la responsabilidad institucional de responder y resguardar los recursos municipales.
“Este no es el único caso que nos ha tocado enfrentar proveniente de administraciones anteriores. Esta situación se originó en un período que comprende desde 2007 hasta 2022, pero, por nuestra responsabilidad institucional, nos corresponde asumir este desafío y responder. Una cifra de esta magnitud, superior a los $1.200 millones, podría afectar gravemente el patrimonio municipal. Por eso tenemos el deber de utilizar todas las herramientas legales necesarias para defender los fondos públicos y evitar una afectación que comprometa los recursos de la comunidad”.
La autoridad comunal agregó que la Municipalidad continuará desarrollando las acciones judiciales correspondientes para resguardar el patrimonio municipal, en el marco de sus responsabilidades institucionales.
“Vamos a seguir enfrentando estos procesos judiciales, que pueden representar montos muy onerosos para la Municipalidad. Detrás de cada uno de ellos existe una estrategia jurídica que busca resguardar los intereses municipales. Hemos asumido esa responsabilidad y estamos ejerciendo las acciones que corresponden para defender el patrimonio de San Carlos”.
Finalmente, el alcalde reconoció que el resultado de los procedimientos judiciales no puede anticiparse, pero enfatizó que la administración tiene el deber de proteger los recursos municipales y mantener la capacidad de respuesta frente a las necesidades de la comunidad.
“No podemos anticipar un resultado, porque las resoluciones judiciales pueden ser favorables o no. Lo que sí tenemos claro es que los recursos municipales pertenecen a todos los sancarlinos y sancarlinas. Por eso tenemos el deber de administrarlos responsablemente, cumplir nuestras obligaciones y proteger esos recursos, resguardando la capacidad del municipio para seguir respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad”.
Desde la Municipalidad señalaron que la posición institucional es cumplir con todas las obligaciones que legalmente correspondan y continuar ejerciendo las acciones judiciales disponibles para que los montos reclamados sean debidamente determinados, resguardando así el patrimonio municipal y los recursos de la comunidad.
